Sabías que la primera Constitución fue elaborada en 1812

Se entiende por Constitución la ley fundamental de la organización del Estado. Es la ley suprema, y la que establece toda la ordenación jurídica, política, social y económica de un país.La primera Constitución española fue elaborada en 1812.

Se entiende por Constitución la ley fundamental de la organización del Estado. Es la ley suprema, y la que establece toda la ordenación jurídica, política, social y económica de un país.

La Constitución española vigente fue elaborada, de acuerdo con la Ley para la Reforma Política de 4 de enero de 1977, por las Cortes Gene­rales (Congreso y Senado), aprobada por referéndum nacional el 6 de di­ciembre de 1978, con el voto afirmati­vo del 87 ,80 % de los votantes, y san­cionada por el Rey el 27 del mismo mes.

La presente Constitución tiene un especial interés dentro del pensa­miento político español por las espe­ciales circunstancias históricas en que nació, tras 40 años de régimen auto­crático. Un cierto recelo hacia el pa­sado se refleja, por ejemplo, en su parte dogmática, contenida en el Tí­tulo I, en el que se establecen y pre­servan rígidamente los derechos y de­beres fundamentales de todos los es­pañoles.La presente Constitución tiene un especial interés dentro del pensa­miento político español por las espe­ciales circunstancias históricas en que nació, tras 40 años de régimen auto­crático. Un cierto recelo hacia el pa­sado se refleja, por ejemplo, en su parte dogmática, contenida en el Tí­tulo I, en el que se establecen y pre­servan rígidamente los derechos y de­beres fundamentales de todos los es­pañoles. La Constitución de 1978 consta de 169 artículos, más 15 dispo­siciones complementarias.

Todos estos artículos están agrupados en once Títulos (incluido un Título preli­minar) que tratan sucesivamente de los derechos y deberes de los ciudada­nos en una sociedad libre (Título I); de la organización de la Corona como Jefatura de un Estado que reconoce al pueblo, a través del Parlamento, como fuente de poder (Título II); de la estructura y funcionamiento de las Cortes Generales (Título III); de la configuración del Gobierno y sus fa­cultades, en cuanto poder ejecutivo (Título IV); de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes (Título V); de la organización del poder judicial (Tí­tulo VI); de las actividades financie­ras de la Hacienda Pública (Título VII); de la organización territorial del Estado (Título VIII); de la organiza­ción del Tribunal Constitucional (Tí­tulo IX); y, por último, de los requisi­tos referentes a la reforma constitu­cional (Título X). En el contenido de este extenso texto destacan algunas características peculiares:

En primer lugar, su carácter pactis­ta, consensuado, nacido de la volun­tad de todos los grupos políticos -de la derecha a la izquierda- de redac­tar un texto constitucional que «todos pudieran considerar como propio». Este objetivo, conseguido, constituye un hecho histórico único y positivo en la historia del constitucionalismo es­pañol, ya que hasta ahora los textos constitucionales han sido impuestos siempre por el grupo político domi­nante, y sometidos, por lo tanto, a los vaivenes de los cambios políticos.

Otra de las notas sobresalientes de la Constitución de 1978 es su evidente carácter democrático, subrayado en numerosos artículos y, muy especial­mente, en el establecimiento como forma de Estado de la Monarquía Parlamentaria, con el significado de que el poder no reside en el Rey sino en el Parlamento, del que a su vez se deriva el Gobierno y demás institu­ciones. Se reconoce en la Constitu­ción un bicameralismo (un Congreso y un Senado), cuyos miembros son elegidos por sufragio universal, con la peculiaridad, en cuanto al Senado, de no responder a una representación territorial.

Pero, sin duda, la innovación más notable de las contenidas en la Cons­titución es la referente al llamado Es­tado de las Autonomías, desarrollado en el Título VIII y que supone el paso de un Estado centralista y unitario a otro en el que se reconoce el autogo­bierno de territorios constituidos en comunidades autónomas no federables.

En la esfera jurídica se introduce la novedad del Tribunal Constitucional, que es una de las altas instituciones del Estado y cuya función reside en garantizar la observancia de la Cons­titución, siendo su intérprete supre­mo. Está integrado por 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cua­tro a propuesta del Congreso (por mayoría de tres quintos de sus miem­bros); cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos, a propues­ta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judi­cial.En la esfera jurídica se introduce la novedad del Tribunal Constitucional, que es una de las altas instituciones del Estado y cuya función reside en garantizar la observancia de la Cons­titución, siendo su intérprete supre­mo. Está integrado por 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cua­tro a propuesta del Congreso (por mayoría de tres quintos de sus miem­bros); cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos, a propues­ta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judi­cial. En la legislación española existe, en la Constitución de 1931, un cierto antecedente de este tribunal, el deno­minado Tribunal de Garantías Consti­tucionales, pero no tenía ni mucho menos las competencias del actual Tribunal Constitucional. En la misma esfera jurídica otra peculiaridad de la presente Constitución es que recoge la institución del jurado como forma participativa de los ciudadanos en la administración de la justicia. Hasta la fecha no se ha promulgado todavía la ley reguladora del mismo.

En el orden religioso, el artículo 16 establece claramente que ninguna confesión tendrá carácter estatal y la no obligatoriedad de la declaración de la propia ideología, religión o creencias. Y en relación con el respe­to a los dictados de la conciencia indi­vidual, es importante señalar que el artículo 30, referente al servicio mili­tar, admite la regulación de los obje­tores de conciencia, reconocimiento muy significativo ya que hasta la Constitución de 1978 estos objetores eran considerados subversivos, y como tal, perseguidos. Una ley poste­rior, ha regulado su situación.

La Constitución española de 1978, en la que se perciben indudables in­fluencias de otras constituciones re­cientes como la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución italia­na de 1947 y las más recientes de Grecia (1975) o de Portugal (1976), es considerada como una de las más progresistas de los Estados democrá­ticos actuales debido, fundamental­mente, al cuidadoso celo con que es­pecifica y protege los derechos de los ciudadanos tanto en la esfera privada como en la socialLa Constitución española de 1978, en la que se perciben indudables in­fluencias de otras constituciones re­cientes como la Ley Fundamental de Bonn de 1949, la Constitución italia­na de 1947 y las más recientes de Grecia (1975) o de Portugal (1976), es considerada como una de las más progresistas de los Estados democrá­ticos actuales debido, fundamental­mente, al cuidadoso celo con que es­pecifica y protege los derechos de los ciudadanos tanto en la esfera privada como en la social. A este respecto es importante señalar uno de los artícu­los más originales de la presente Constitución, el artículo 45, en el cual se expresa el derecho del individuo y la sociedad a «disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona». La introducción de este concepto tan moderno -la pri­mera proclamación internacional del mismo se hizo en Estocolmo, en 1972, en la Conferencia de las Nacio­nes Unidas sobre el Medio Huma­no– no tiene equivalente en ninguna otra Constitución. Por otra parte, se ha reprochado al texto constitucional de 1978 que adolece, en determina­dos artículos, de cierta ambigüedad, lo cual podría dar origen a dificulta­des en su interpretación. Pero esto no debe considerarse como una deficien­cia de los legisladores sino más bien como la consecuencia lógica de una elaboración pactada y no exenta de concesiones mutuas. 

Constitución de 1812.

Conocida también como Constitución de Cádiz es, realmente, la primera en la historia del constitucionalismo español. De carácter liberal, progresista, reconocía el principio de la división de poderes y las libertades individuales. Se consolidaba el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley. Tuvo una vigencia de seis años y medio y fue derogada dos veces, en 1814 y 1823, por los absolutistas.

Estatuto Real de 10 de abril de 1834.

Fue promulgado mediante decreto de la regente Doña María Cristina de Borbón. Introduce el bicameralismo (estamento de los próceres y estamento de los procuradores). Era de carácter absolutista ya que el Rey tenía facultad para vetar las propuestas de las Cámaras y disolver los estamentos. Preparó la convocatoria de Cortes de 1836 que elaboraron la Constitución de 1837. 

Constitución de 1837.

Tuvo una vigencia de ocho años, hasta el 23 de mayo de 1845. Se trata de una Constitución de carácter más bien conservador, aunque reconoce en su preámbulo alguno de los principios progresistas de la de 1812, como la soberanía nacional; refuerza el poder real y mantiene el bicameralismo, aunque otorga al Senado un papel conservador y de apoyo a la Corona.

Constitución de 1845.

Concebida como una reforma de la de 1837 supone una reafirmación y avance de las ideas más conservadoras. Se suprimen libertades, se acentúa el centralismo frente a los poderes municipales, desaparece la soberanía nacional y se refuerza la figura del Rey frente a las Cortes. Estuvo vigente hasta el levantamiento progresista del general O’Donell en 1854.

Instantánea de S. M. Juan Carlos I en el momento de sancionar la Constitución de 1978 el 27 de diciembre de dicho año.

Constitución de 1869.

Nacida como consecuencia de la revolución que provocó la abdicación de Isabel 11, en 1868, incorpora una larga serie de derechos y libertades (de reunión, de prensa, de enseñanza, etc.), restringe los poderes reales, amplía el sufragio universal e instituye una Monarquía electiva. La abdicación del candidato regio Amadeo de Saboya desembocó en la proclamación de la República el 11 de febrero de 1873 sin que el proyecto de Constitución federal de la 1 República española llegara a publicarse nunca, dada su corta vida.

Constitución de 1876.

La restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, tras la acción del general Martínez Campos, en diciembre de 1874, trae consigo la elaboración, el 30 de junio de 1876, de una nueva Constitución inspirada por Cánovas. Ofrece la particularidad de ser la de mayor duración hasta la fecha: 47 años. Pretendía el equilibrio entre la soberanía nacional y la regia, pero en la práctica refuerza extraordinariamente la figura del monarca y también del Senado, de estructura conservadora. Con el paso del tiempo diversas leyes orgánicas, ya previstas en la Constitución, fueron liberalizando los contenidos de la misma.

Constitución de 1931.

Es la Constitución que se dio a sí misma la II República. De acuerdo con su origen, proclama eh primer lugar, la soberanía popular e incluye, por primera vez, los derechos sociales y laborales de los ciudadanos. Instituye el sufragio universal, extensivo al voto femenino, e introduce e Tribunal de Garantías Constitucionales. Configura el Estado co integrador de las autonomías regionales establece claramente la separación de la Iglesia el Estado. Las graves tensiones a las que estaba sometida la sociedad española en aquellos años que precedieron a la guerra civil impidieron el desarrollo normal de la Constitución republicana. Con el triunfo de las fuerzas franquistas en 1939 e instauración de régimen del 18 de julio, las normas constitucionales fueron sustituidas por las denominadas Leyes Fundamentales.

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